La judicatura, último dique contra el despotismo Trumpista

La idea fundamental del gobierno democrático quedó expresada en la axiomática fórmula de Montesquieu, según la cual “El Poder controla al Poder”. Esta fórmula indiscutible, actualmente parece encontrarse bajo amenaza en Estados Unidos desde el ascenso de Donald Trump a la presidencia de ese país.

Como ha sido definida hace tiempo, la Autocracia es una forma de gobierno donde “hay un solo detentador del poder que se encuentra libre de cualquier forma de control eficaz” (K. Lowenstein). En otras palabras, no existe límite alguno para este tipo de gobernante que provenga de los otros órganos o ramas del poder. Vale decir, la desaparición del sistema de “pesos y contrapesos” (“check and balances”), elemento necesario de toda democracia definida como un gobierno sometido permanentemente a límites legales e institucionales.

En el momento actual de los Estados Unidos, el control político que pudiese ejercer el Legislativo para contener los arrestos del aspirante a Déspota, es prácticamente nulo dado el dominio mayoritario que el Partido Republicano tiene en ambas Cámaras del Congreso norteamericano.

Los congresistas de ese partido deben su elección a la popularidad de Trump y se comportan frente a este con una fidelidad perruna, incapaces, por tanto, de contradecir en lo más mínimo a su megalómano e impredecible líder. La minoría demócrata, desmoralizada por la derrota electoral, guarda silencio con la valiosa excepción de Bernie Sanders y Alejandra Ocasio Cortez.

Afortunadamente para la incierta democracia estadounidense - con tantos puntos débiles a lo largo de su historia-, la Judicatura de ese país se ha mostrado hasta ahora como sólido dique contra las arbitrariedades de Trump, adoptadas por medio de verdaderos “úkases” imperiales, las llamadas “Órdenes Ejecutivas”, instrumentos a través de los cuales viene violando la Constitución y el orden legal estadounidense-

En efecto, distintos tribunales y jueces a lo largo de Estados Unidos, vienen suspendiendo la ejecución de las medidas más xenófobas, racistas y homofóbicas salidas de la mente patológicamente enferma de Trump.

Cabe destacar, por ejemplo, la decisión de una juez federal que bloqueo  la “Orden Ejecutiva” que prohibía a las personas transexuales acceder al servicio de las Fuerzas Armadas, señalando en su fallo no solo la inconstitucionalidad de la medida por violación de la enmienda 14 de la Constitución que establece un trato igual para todas las personas independientemente de su sexo, raza, religión o condición económica, sino porque además, el lenguaje utilizado por el mandatario “era descaradamente denigrante y estigmatizaba a las personas transgénero como intrínsecamente inadecuadas”.

Una de las primeras “ Ordenes Ejecutivas” que dictó Trump al asumir su cargo y que a simple vista denuncia su inconstitucionalidad, consistió en restringir el derecho de ciudadanía por nacimiento  (“Ius soli”) solamente a quienes tuvieran el al menos un padre ciudadano norteamericano o residente permanente, con el argumento xenófobo “de proteger el valor y el significado de la ciudadanía estadounidense”.

Tres jueces de distintos Distritos Judiciales han suspendido esta orden. Uno de ellos, el Juez Federal en Seattle, Washington John Cicoughenour, Sostuvo: “ En  este tribunal bajo mi supervisión, el estado de derecho es un faro luminoso que pretendo seguir”,

Sin duda el caso que ha despertado más polémica correspondió al juez James Boasberg del Tribunal del Distrito de Washington, quien ordenó devolver tres aviones con destino al Salvador que llevaban 238 deportados venezolanos supuestamente integrantes del  del “Tren de Aragua".  El juez justificó la orden emitida por su despacho, argumentando que los deportados no habían sido oídos por un juez, ante el cual se hubiesen aportado las pruebas de su supuesta pertenencia a esa organización criminal.  De otra parte, la norma para fundamentar la deportación, se basó en la aplicación anacrónica de la ley 1789 de “enemigos extranjeros”, era improcedente por cuanto el llamado “Tren de Aragua” no es un “Estado extranjero enemigo”.

No obstante, la orden del juez, esta fue  desatendida y los aviones arribaron al Salvador donde los deportados venezolanos fueron encarcelados por el gobierno de Bukele en su tenebrosa prisión del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Tom Homan, el llamado “Zar de la fronteras" (encargado de las deportaciones) interrogado por Fox News sobre el desacato a la orden del juez Boasberg, respondió: “ no me importa lo que piensen los jueces”.

Boasberg ha iniciado un incidente para establecer “hasta sus últimas consecuencias” qué funcionarios estuvieron involucrados en la desatención a la orden judicial para “aplicar las medidas correspondientes”. A partir de ese momento, se ha establecido un cruce de comunicaciones entre el juez y los abogados de la Administración que ha servido para prolongar el escándalo.

La reacción airada de Trump contra el juez, no se hizo esperar,  llamándolo “corrupto y lunático de izquierda” y exigiendo su destitución.

El presidente de la Suprema Corte, John Roberts, de tendencia conservadora, elegido juez de esa Corte por el presidente George Bush Jr. y personaje clave en decisiones polémicas y ciertamente regresivas, como la que anuló la sentencia “ Roe vs. Wade” de 1973 que permitía el aborto o la que otorgó el presidente de los Estados Unidos una inmunidad penal casi que absoluta- lo cual permitió a Trump con varios procesos archivados presentarse como candidato presidencial-, se pronunció en forma lacónica sobre las expresiones de Trump, que los medios interpretaron como una reconvención, diciendo: “Un impeachment (juicio político de destitución a cargo del Congreso) no es respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.

A pesar del reproche un tanto tibio del presidente del máximo Tribunal de Justicia de la nación, los ataques a los jueces no han cesado.

El vicepresidente JD. Vance, poseedor de reconocidos títulos académicos y quién se atrevió a calificar a los países de la Unión Europea como antidemocráticos en la Conferencia sobre Seguridad celebrada en Múnich en febrero de este año, ha lanzado el siguiente exabrupto conceptual demostrativo de su desconocimiento de la naturaleza del Estado Democrático de Derecho:

“ Si un juez puede detener acciones presidenciales, no estamos en una democracia”.

Pero parece que las amenazas contra los jueces no se han no se van a quedar en insultos y expresiones efectistas al estilo Vance.  Las arremetidas contra el poder judicial van en serio, como lo denuncian las expresiones del “speaker”  (Presidente) de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, al  destacar el poder que tiene el legislativo sobre   la judicatura, afirmando: “Tenemos autoridad sobre las Cortes Federales. Podemos eliminar un tribunal. Podemos eliminar todo un Distrito. Tenemos el poder de financiamiento de las Cortes”.

Las desembozadas amenazas del representante Johnson contra la judicatura no se encaminan, como sería lo lógico, a respaldar la Constitución y el orden legal del Estado norteamericano, sino, por el contrario, a favorecer la agenda de Trump removiendo el obstáculo que hasta ahora han representado los jueces, porque lo cierto es que el Congreso, de acuerdo con la Constitución, efectivamente tiene el poder de organizar y modificar la estructura del poder judicial creando o suprimiendo tribunales y juzgados. .

Igualmente, posee el poder de destitución de cualquier juez norteamericano, sin importar su jerarquía, de acuerdo con el Artículo II sección 4a. de la Constitución  que   consagra el juicio político de destitución (Impeachment)  qué casualmente “... ha sido aplicado a los miembros del poder judicial, los que han sido afectados por el mayor número de juicios políticos”, adelantados por el legislativo a lo largo de la historia de los Estados Unidos (cfr. Carlos María Bidegain, “El Congreso de los Estados Unidos de América” Ed. De Palma, pg. 362).

Como hasta ahora el gobierno de Trump no ha logrado doblegar a los jueces, ha dirigido entonces sus ataques contra el  gremio de los abogados.  En la página virtual de la Casa Blanca, se ha acusado al bufete de “Paul Weiss” de utilizar sus recursos a través del sistema “Pro bono” ( litigio gratuito) para financiar a uno de los abogados de la firma con el fin de adelantar las denuncias por los hechos criminales del asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Por “Orden Ejecutiva” en consecuencia, se prohibió al bufete recibir fondos públicos, contratar con el Estado y acceder a edificios gubernamentales.

Otra firma de abogados, “Perkins Coi”, que representó a la excandidata presidencial Hillary Clinton y que igualmente había asistido al fiscal Jack Smith en algunas investigaciones adelantadas contra Trump, fue amenazada en términos similares a los del bufete Paul Weiss. En vez de asimilarse, la firma decidió demandar la arbitraria e inocultable medida de venganza con la cual Trump pretendía afectar el funcionamiento normal de la firma.

Adicionalmente, Trump acaba de firmar el 23 de marzo último un memorando dirigido al Departamento de Justicia solicitando sancionar a los abogados que impugnen ante los tribunales sus medidas migratorias.

No se conoce en la historia de los Estados Unidos ataques y amenazas de la naturaleza de las lanzadas por Trump y su entorno de áulicos en contra de la profesión jurídica que siempre ha gozado en ese país de enorme prestigio y respeto. Pero sin duda, mucho más grave de toda esta situación es la amenaza que se cierne para la vigencia del derecho a tener un juicio legal justo por parte de cualquier persona- y peor aún si se trata de alguien a quien el gobierno considera enemigo- si sobre la cabeza del juez o de su abogado pende la espada amenazante del gobierno.

A propósito del alud incesante en la producción de “Ordenes Ejecutivas” por parte de Trump, viene a la memoria la defensa que hace del régimen de la dictadura el jurista nazi Karl Smith. Sostienen Smith que “el dictador no hace leyes, sino que adopta medidas ejecutivas y administrativas” … “porque son la expresión de la sustancia de la fuerza democrática”. Por eso Trump siempre machaconamente repite que ganó la presidencia con la más alta votación de la historia de los Estados Unidos en el Colegio Electoral, pero sobre todo en el voto ciudadano y que está cumpliendo lo que los ciudadanos que lo eligieron querían.

Finalmente. creemos que mientras los jueces norteamericanos sigan enfrentando con dignidad y firmeza las arremetidas antidemocráticas de Trump, el Estado de Derecho de ese país podrá gozar de la esperanza acerca de su supervivencia. No sobra recordar también aquí, que el régimen nazi logró afianzarse cuando la Judicatura alemana se plegó vergonzosamente ante el ascenso de los “bárbaros modernos”, como lo recuerda el profesor emérito de la Universidad de Konstanz,  Bern Rüthers en su célebre obra, “Los juristas del horror”.  En esta incluye una sentencia aleccionadora pronunciada por el Tribunal de Nüremberg en el juicio seguido contra varios magistrados y jueces que actuaron al servicio del régimen nazi: “El puñal del asesino se oculta bajo la toga del jurista”.

Ex-Costituyente 1991. Ex-Magistrado Consejo Superior de la Judicatura. Magister en Ciencia Política.